En Guatemala hay 45 000 preguntas sin respuesta, y detrás de cada una de ellas hay historias inconclusas, fotografías en álbumes viejos y un rostro que se dibuja cada día en su afán de permanecer en la memoria de alguien que aún busca, aún espera. Tumbas vacías, osamentas sin lápida, preguntas, más preguntas y 45 000 luces que continúan encendidas para guiar el camino a casa, para cuando vuelvan.
La práctica de la desaparición forzada fue una de las más brutales y articuladas estrategias de represión utilizadas por las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala durante el conflicto armado interno, en contra de personas que, en su mayoría, pertenecían a alguna organización política de oposición a las dictaduras militares. Es un delito que se utilizó como herramienta para erradicar físicamente a opositores, negándoles toda posibilidad de entrar al sistema legal de garantías penales. Supera los crímenes de asesinato, pues hay desaparición física de la persona y, posteriormente, negación del crimen, así como de la misma existencia de la víctima. Con ello se pierde la posibilidad de recuperación de los restos para que su familia pueda darle sepultura y cerrar el ciclo del luto, para así acceder a la justicia.
Ninguna de las 45 000 personas desaparecidas tuvo derecho a un juicio, ni derecho a la defensa, fue la política de seguridad nacional la que los condenó a su captura ilegal, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.
Para una población que en ese momento alcanzaba los ocho millones de personas, las cifras escandalizarían a cualquier Estado que transite hacia la democracia, más aún cuando se estima que al menos 5 000 de los desparecidos eran niños y niñas.
Durante décadas y ante la falta de cuerpos que pudieran ser tomados como prueba material, las fuerzas del orden negaron los hechos, pero 45 000 vidas ausentes difícilmente podrían ser ocultadas, y en algún momento las osamentas comenzaron a salir a la luz.
El 20 de mayo de 1999 la estrategia de negación da un vuelco cuando la periodista Kate Doyle hace público el denominado Diario Militar, un registro minucioso y detallado de 183 personas de la tercera edad, mujeres, niños y estudiantes, así como un inventario de organizaciones calificadas como subversivas. El gran valor de este documento radica en que es una prueba en los casos registrados, se evidencian el seguimiento, las capturas y la criminalización. Se aprecian patrones, como operativos combinados, traslados o entregas a inteligencia militar, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Es un compendio de los hechos que el Estado de Guatemala negó, y sigue negando a la fecha. Sin embargo, un grupo de militares retirados en alianza con diputados buscan la amnistía por estos hechos. ¿Será esto una aceptación tácita de los crímenes de lesa humanidad cometidos?
En julio de 2005 otro hecho se suma a la confirmación de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos, el hallazgo accidental del Archivo Histórico de la Policía Nacional Civil. Miles de documentos que se encontraban en completo abandono dan cuenta del seguimiento, líneas de mando y operativos que coincidían con registros del Diario Militar y de otras denuncias de desapariciones forzadas. Estos documentos permitieron que la población se diera una idea de los tentáculos que operaban en articulación para erradicar cualquier intento de oposición y del avance de las propuestas democráticas y a favor de la población
Pero el hecho que marcó un parteaguas en la autenticidad del Diario Militar y de los archivos que fueron negados en reiteradas ocasiones por el Estado, se abrió paso en 2011 con la identificación, por medio de ADN, de osamentas que fueron encontradas en el destacamento militar de Comalapa, Chimaltenango y que corresponden a seis personas que según los registros del Diario Militar fueron ejecutadas el mismo día. Un doloroso encuentro con la verdad que permitió a seis familias cerrar el ciclo. Seis reencuentros que suponen una esperanza para el resto de familias que aún esperan.
Posteriormente, entre 2012 y 2015, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, recuperó en Creompaz, los restos de 558 personas reportadas como desaparecidas durante el conflicto armado interno, 90 osamentas corresponden a niñas y niños, 128 ya fueron identificadas por medio de ADN, la mayoría presentaba señales de tortura y ataduras de ojos, pies y manos. Por su responsabilidad en este caso, 14 oficiales militares retirados fueron capturados el 6 de enero de 2016.
Estos acontecimientos son de suma importancia, pues son pruebas que no provienen de los testimonios, ni de denuncias de las víctimas. Son el testimonio escrito y sepultado por las mismas fuerzas de seguridad y que ratifican los miles denuncias a la policía y habeas corpus presentados por familiares.
Los operativos combinados, la panel blanca, el hurto de menaje, el seguimiento descarado, llamadas de paraderos falsos, la reiterada respuesta de las autoridades: «no está desaparecido, se fue con otra familia», las visitas en la morgue, la ilusión del reencuetro, son elementos en común, del perverso juego psicológico que enfrentaron las familias de personas desaparecidas.
Otro elemento que eleva el nivel de represión durante el conflicto, fue el uso de violencia sexual contra mujeres y niñas. Grabaciones con audios de sesiones de estos vejámenes y ropa íntima ensangrentada era usada como tortura psicológica contra padres y esposos.
La aparición del Diario motivó que algunos familiares de quienes aparecen en este documento buscaran justicia, y en 2005 se presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia, en 2012, que el Estado debe investigar y dignificar a las víctimas, pero ante todo garantizar la no repetición. Las familias siguen esperando la respuesta del Estado de Guatemala.
Derecho a la verdad
No hay secreto de estado que pueda retener la verdad, ni miedo, ni silencio que no sea vencido para exigir la recuperación de los cuerpos y justicia.
El derecho a la verdad es otro de los grandes ausentes en la justicia y construcción de la memoria histórica colectiva de Guatemala, así como ausentes permanecen las más de 45 000 víctimas de desaparición forzada que oscurecen las cifras de la guerra.
Este espacio se crea para que las voces de las víctimas se abran paso, para que desde él se recuerde la vida y lucha de quienes lucharon por un mundo mejor. Tanto las familias de los desaparecidos como gAZeta nos seguiremos preguntando ¿dónde están? Pero, ante todo, seguiremos preguntando ¿dónde están aquellos que arrancaron 45 000 vidas?