Galletas para los gordos
Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO
Aún circulan las imágenes de Alejandro Giammattei cuando, en su discurso de toma de posesión el 14 de enero de este año, con ojos llorosos y la voz entrecortada, afirmó que el combate al hambre y la desnutrición sería no una de sus prioridades, sino su principal prioridad. Llegó la pandemia, los gritos y denuestos, seguidos de gestos compungidos continuaron; pero respecto al combate a la pobreza extrema, que tiene incluida el hambre y la desnutrición, no hemos sabido que exista un diagnóstico claro y confiable, base fundamental para un programa que enfrente de manera directa tal flagelo.
Tampoco se conoce una planificación clara y detallada que permita identificar metas y logros concretos en su combate, mucho menos cuales son las regiones y grupos sociales a quienes están orientados esos programas. Imposible identificar, en consecuencia, un cronograma de acciones, como tampoco cuáles son los productos y materiales a utilizar para alcanzar esas metas.
Sin embargo, los distintos órganos del Estado gastan a manos llenas, ya sea los recursos ordinarios, ya sea los asignados para cubrir las necesidades extraordinarias producidas por la pandemia del coronavirus. El último acto de ese desorden administrativo fue la compra desesperada de la supuesta galleta fortificada que, por valor de 14.6 millones está por hacer el Ministerio de Desarrollo –Mides–, supuestamente para adquirir 11.1 millones de galletas, que vendrían a atender a 194 931 niños y niñas en 114 municipios, con un costo unitario de Q 1.315.
La adquisición de la «dichosa» galleta no consta en ningún plan o programa nacional de nutrición infantil. Surgió de la nada, como una de las tantas genialidades de las autoridades, para quienes «de lo que no cuesta hagamos fiesta», sin importar la calidad, mucho menos la eficiencia del gasto.
El asunto tiene varias aristas, cada una con sus propias dudas y problemas. El primer aspecto, fundamental, es que en nada resuelve que a niños en situación de desnutrición se les entregue una galleta para medio llenar el estómago, sobre todo, si esto no va unido a todo un programa debidamente evaluado y probado de nutrición infantil. Según lo licitado, cada niño en «etapa inicial y edad escolar» recibiría 56 galletas, no queda establecido cómo estas galletas llegarán a los municipios, mucho menos dónde serán depositadas previo a su distribución, por lo que los costos de transporte y almacenamiento no están establecidos ni en la licitación, mucho menos en el costo final del producto.
Los fondos no saldrán de la bolsa del ministro y sus amigos, sino que se estableció que el gasto será cubierto con fondos provenientes de préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de bonos del tesoro, es decir, deuda interna.
Por otro lado, el Mides estableció que tales alimentos serán distribuidos «a través de las Direcciones Departamentales de Educación, Municipalidades y Consejos Municipales de desarrollo» sin que, como lo manifestó la ministra de Educación ante los diputados, este Ministerio, mucho menos las municipalidades de esos 114 municipios, hubiesen sido convocados para establecer la factibilidad de la entrega, en un momento en el que la asistencia a clases está suspendida.
Mas, por si esto fuera poco, resulta que la selección se hizo en un concurso que duró menos de cinco horas, cuestión que levanta suspicacias, pues parece imposible que empresas serias tuvieran a la mano toda la documentación necesaria y diseñaran, en cuestión de segundos, un producto que, como lo declaró el representante legal de la empresa ganadora, es «exactamente el mismo tipo de producto, solo que en estado sólido», refiriéndose a los atoles que se han entregado en las refacciones escolares. Si bien el contenido puede ser el mismo, su producción a nivel industrial resulta marcadamente distinta, exigiendo equipos industriales más que diferentes.
Más dudas resultan cuando, según lo difundido, las galletas ofrecidas tienen características de un producto artesanal y no de un alimento capaz de ser producido por millones en un lapso corto de tiempo.
El hecho ha permitido que diputados de distintas bancadas se opongan a tal compra, unos con el genuino interés por fiscalizar la calidad del gasto público y otros porque, tal parece, no fueron invitados al reparto de comisiones.
Es de lamentar, sin embargo, que en lugar de presionar a la Junta Directiva del Congreso para que se realice, sin dilación, la elección de miembros de la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo ordenó hace ya meses la Corte de Constitucionalidad, algunos diputados hayan optado por interpelar al ministro de Desarrollo, cuando este asunto podría haber sido tratado en las bancadas y denunciado ante el Ministerio Público, exigiendo el retiro del derecho de antejuicio, de manera que, cuanto antes, el ministro Raúl Romero sea juzgado por prevaricato.
Cierto, Romero tiene redes de apoyo dentro del Congreso, pues en la legislatura anterior fue el solitario diputado del partido que, hace cinco años, tuvo a Alejandro Giammattei como su candidato presidencial. Romero es, al final de cuentas, el protector del funcionario preferido del presidente, pues entre 2018 y 2019 tuvo a Miguel Martínez como su ujier, aunque con sueldo de asesor.
Esto hace al ministro de Desarrollo el funcionario más próximo al presidente, después, claro está, de Miguel Martínez, pero precisamente por ello, es indispensable una fiscalización estrecha a su accionar, ya que dirige uno de los ministerios más importantes si, en verdad, se quiere combatir la pobreza y la desnutrición.
Sin embargo, no es con gastos como estos con los que Guatemala dejará de ser el país donde uno de cada dos niños sufre de desnutrición crónica, una de las tasas más altas de América Latina. Romero y su gente, pero también las agencias que sin mayor control prestan dinero al país, deben ser llevados a juicio, pues con el desperdicio de esos recursos no solo se está endeudando a las próximas generaciones, sino que se les está condenando a vivir en la pobreza.
Fotografía principal tomada de elPeriódico.
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Virgilio Álvarez Aragón
Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.
Lo único que ha demostrado Giammattei es lo señalado por Guzmán Bockler, cada cuatro años
hay relevo de ladrones. Este Gobierno es el peor de toda la «nueva era democrática «.viles ladrones.