La «nueva normalidad» – COVID-19. Democracia neoliberal tutelada con la institucionalidad descalabrada
Jacobo Vargas-Foronda | Política y sociedad / BÚHO DE OCOTE
Casi de inmediato, a nivel internacional, luego de la declaratoria mundial de la pandemia del COVID-19, brincaron los debates, foros, discusiones, sobre «una nueva normalidad», enfocada, fundamentalmente, a la esfera económica, las formas productivas y la comercialización de los productos y el capital, la crisis financiera y monetaria internacional. A partir de allí, se visualizó a nivel global la restauración de regímenes derechistas autoritarios violadores de los derechos humanos y represión a todo pensamiento y manifestación anticapitalista, contrario al sanguinario neoliberalismo económico y político, desde los ataques individuales hasta las represiones colectivas, tal como lo hemos visto en Bolivia, Brasil y Ecuador.
No han faltado los llamados con urgencias solidarias, las exigencias de reflexiones individuales y colectivas, clamando, con apremio, serias y profundas consideraciones de la necesidad de cambiar ampliamente los conceptos, formas de vida social y modelos productivos que se han implementado, mayoritariamente, desde los siglos XIX y XX, por sus niveles de irracional consumismo, disparatada destrucción de la madre naturaleza, incrementada contaminación y degradación ambiental planetaria. Todo ello, sin duda alguna, pone en primer plano el ocaso mismo de la humanidad y la mayoría de seres vivos que habitamos en la Madre Tierra.
Ubicándonos en Guatemala, bien podemos afirmar, en términos generales, la total inexistencia de una nueva normalidad. Lo que estamos presenciando, vergonzosamente, es la descomunal ampliación y fortalecimiento de la cuasi absoluta restauración de las políticas y conductas ultraderechistas neoconservadoras fundamentalistas, la corrupción e impunidad, en lo económico, cultural y social, de los regímenes propios de la otrora Guerra Fría y las desquiciadas doctrinas represivas y excluyentes del anticomunismo de la seguridad nacional.
Todo esto sin sustento con el descalabro político-intelectual e ideológico interno, de la clase alta, clase media y clase trabajadora, urbana y rural, con el silencioso incremento subterráneo del intervencionismo de la triada imperial, yanqui-sionista-taiwanésa, en toda la esfera comercial, económica, financiera y productiva del país sin descuidar el control sobre la institucionalidad público estatal descalabrada.
Esa aberrante restauración, en lo económico y financiero, a partir de los intereses internacionales imperiales y sus transnacionales financieras, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en mancuerna con el sector privado, nacional y transnacional, continúan con el debilitamiento económico del Estado y sus funciones públicas a partir de la orgía endeudadora, colocando desde ya cualquier reactivación económica en permanente déficit por su condición de prestamista condenada al pago de esa deuda internacional, cuyo interminable engranaje arranca con el pago de los trigonométricos intereses que la misma ocasiona, tal como ocurriera en la otrora «década perdida» de los ochenta del siglo pasado, paralizando toda posibilidad de desarrollo social y económico más allá del ficticio producto interno bruto (PIB), que no expresa la distribución de la riqueza producida, al contrario, la exclusiva concentración de ella.
No intentaremos «determinar» el monto total de la tétrica deuda externa, por cuanto su totalidad no ha sido expuesta con rigurosa transparencia. Todo es manejado tras bambalinas, amparadas las autoridades en los sucios «estados de calamidad y de excepción», tal como en el régimen de Carlos Arana Osorio, los cuales permiten realizar múltiples actividades públicas sin controles ni rendición de cuentas, y mucho menos una información transparente y correcta a la ciudadanía. Toda la deuda es manejada en dólares estadounidenses, por lo cual el monto en quetzales varia sistemáticamente. Al 25 de agosto, la deuda ascendía a 181 318 millones de quetzales, lo que representa un crecimiento del 15.25 %, derivado no solo del endeudamiento previsto para el año sino en la búsqueda de más recursos durante la epidemia del COVID-19 (Prensa Libre, 25 de agosto de 2020). Un día después, el BCIE habilitó un préstamo por 92 millones de quetzales con tasas de interés del 3.5 % (Prensa Libre, 28 de agosto de 2020). Y el BID aprobó una operación de 100 millones de dólares «para dar apoyo a familias en situación de vulnerabilidad», con «un plazo de amortización de 23,5 años, un periodo de desembolso de 18 meses y una tasa de interés LIBOR» (La Hora, 31 de agosto de 2020). Todo esto implica, más temprano que tarde, una mayor disminución de la inversión social por parte del Estado y, sin duda alguna, el incremento de impuestos a las mayorías desposeídas.
El trabajo mediático de inducción ideológica antidemocrática y represiva retoma su abierto activismo que viene, justamente, desde la desvirtuada firma de los ausentes Acuerdos de Paz en 1996. Así tenemos el incremento de llamados «no al socialismo» como se titula el artículo de opinión de Carroll Ríos De Rodríguez, quien claramente puntualiza que las certeras críticas y señalamientos de las aberraciones de la administración de Alejandro Eduardo Giammattei Falla (AEGF), «promueven la lucha revolucionaria para instaurar un «gobierno del pueblo» a cargo de intelectuales socialistas», «supuestas clases antagónicas» y «pro-Cicig (sic) y el Pacto de Corruptos», que «abogan por un radical rompimiento en materia política, económica y social». «Esta guerra se libra no solo con métodos violentos, sino en las cortes (lawfare), los medios de comunicación y los pasillos gubernamentales», afirma el articulista. «Si Guatemala cae en manos socialistas el panadero y demás empresarios desapareceríamos del mapa en el momento que la propiedad privada quede abolida, pues es el pilar que sostiene a la economía libre», continúa afirmando. Cerrando su nota con la repetición de las consabidas frases de propaganda político-ideológica, «los dictadores Castro, Chávez, y Kim Jong Il, por ejemplo, amasaron turbias fortunas mientras empobrecieron a las masas» (Prensa Libre, 24 de agosto de 2020).
En esta línea, con «suaves tonalidades», aparece Óscar Clemente Marroquín, quien estima que:
dos relevantes actores en la sociedad que serán los directos beneficiarios de esta desbocada carrera por destruir los últimos vestigios de Estado de Derecho (sic) en el país (…), los miembros del crimen organizado que, en medio de un país con la Justicia (sic) inexistente, porque sus autoridades para llegar a serlo tienen que pactar con las mafias, verán cómo se les facilitan sus delictivas acciones que ya hoy por hoy andan viento en popa por el notable apoyo de autoridades civiles y militares con las que han pactado (…). Otro grupo que se tiene que estar frotando las manos de gusto es la fuerza política Movimiento Liberación de los Pueblos, MLP, que en la pasada elección dio una importante campanada (…). Lo ocurrido en la elección del 2019 fue un importante aviso de que hay un movimiento social que no fue detectado por los analistas, oficiales y particulares, pero que puede crecer exponencialmente en condiciones como las que hoy produce la pandemia que florece al mismo tiempo que el pacto de los corruptos (La Hora, 10 de agosto de 2020).
En pocas palabras, la economía y política neoliberal, la institucionalidad descalabrada, la corrupción e impunidad debe ser rescatada por la restauración oligárquica-empresarial para salvar la inmaculada propiedad privada. Cualquier intención de cambio es un peligroso paso comunista que Guatemala no debe permitirlo. La misma cantaleta de la Guerra Fría.
Guatemala no camina hacia «una nueva normalidad». Tanto AEGF como su vice, Guillermo Castillo Reyes, vienen clamando y anunciando la urgencia de volver a la normalidad, es decir, regresar a las prácticas sociales, económicas, represivas, corruptas e impunes del pasado reciente con el tal James Ernesto Morales Cabrera, alias Jimmy Morales, para solo mencionar al último administrador de la finquita cacifera, patio trasero de la triada imperial. La diferencia fundamental, insistimos, es el fortalecimiento de la restauración neoliberal derechista con tendencias fascistoides con el incremento de la discriminación y desprecio por las culturas y pueblos ancestrales, mayores despojos y acaparamiento de la tierra, fortalecimiento de las nocivas actividades mineras, envenenamiento de las aguas y exterminio de la madre naturaleza.
Volver a la normalidad, en palabras de Manfredo Marroquín, es «retomar las riendas de un Estado con rostro de mafias que reclaman derecho de piso para controlar cortes e instituciones negando con ello la posibilidad de vivir en una democracia que a su vez traiga prosperidad económica para la mayoría de la población» (elPeriódico, 14 de agosto de 2020). A cuya «normalidad» le hemos agregado las características que hemos descrito anteriormente con una institucionalidad descalabrada, desarticulada y controlada por la mafia corporativa estatal y privada. Toda esa normalidad no incluye, concretamente, beneficios sociales, digamos en salud, alimentación, vivienda y educación.
En este descalabro institucional, el Ministerio Público se convierte en la pieza estratégica con «la amiga de AEGF», la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, quien para incrementar el caos administrativo del manejo de los asuntos públicos y la justicia en Guatemala, presenta «111 solicitudes de antejuicio en contra de 92 diputados del Organismo Legislativo, 13 magistrados del Organismo Judicial y 6 de la Corte de Constitucionalidad (CC)». Quedando claro, de manera inmediata, que «uno de los escenarios que se vislumbra tras las acciones de la fiscal general Consuelo Porras, es que tanto el Congreso como la CSJ se arropen, dejando en riesgo a la CC» (La Hora, 8 de agosto de 2020). Todo debidamente coordinado con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Cámara del Agro (Camagro), quienes instan al Congreso de la República a entrar a conocer el antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) (La Hora, 7 de agosto de 2020), «coincidentemente» apenas unas horas antes que el MP presentara su solicitud de antejuicios. Todo esto sin olvidar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación contra el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade, «luego de que el pleno decidiera otorgar debida ejecución de un amparo presentado por la Asociación La Familia Importa» (Epicentro, 18 de agosto de 2020). Luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) fuera absolutamente defenestrada del país, el retorno masivo de las mafias al control de la institucionalidad desarticulada es el festín recompensa que buscan para imposibilitar cualquier cambio del modelo económico-social restaurado.
Muy astutamente, con toda esta adversidad motivada por el COVID-19, los tentáculos empresariales, comerciales, financieros, no descansan. El ministro de Economía, Roberto Antonio Malouf Morales, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), presenta seis propuestas de ley para «impulsar» la economía del país: ley de leasing, una reforma a la Ley de Zonas Francas, una ley antitrámites, la ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica (Anadie), el reglamento de trabajo a tiempo parcial y la reforma a la Ley de Bancos e Instituciones Financieras, la cual recordó es apoyada por el Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Bancos, entre otros (La Hora, 6 de agosto de 2020). Todo esto para «facilitar» las inversiones en Guatemala, tomando la famosa iniciativa «América Crece» como piedra angular neoliberal sustentada por la triada imperial y los intereses del FMI.
Facilitar la corrupción, como mecanismo para atraer adeptos a su administración a nivel de las alcaldías, es tarea de AEGF, en perfecto engranaje con lo anterior, buscando la aprobación de urgencia nacional, de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, modificando el Decreto número 57-92 del Congreso de la República. En las reformas propuestas en la iniciativa 5703, se incluye el artículo 38, en donde se establece que, «cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o remuneración de los servicios exceda de Q200 mil (sic), podrá hacerse por el sistema de cotización, y para las municipalidades hasta de Q2 millones» (La Hora, 6 de agosto de 2020). Las prácticas corruptas se extienden desde la cúpula ejecutiva nacional hasta las localidades municipales en los territorios.
Durante el conflicto armado interno, las fuerzas y corrientes democráticas en total desventaja ante la masiva represión, las políticas contrainsurgentes de tierra arrasada, las aldeas modelos, los elementos del genocidio, organizadamente lanzaron campañas mundiales alrededor de la comunidad internacional, organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones unidas, la Corte Internacional de Justicia, etcétera, para concluir el sanguinario conflicto armado interno provocado y ejercido desde el Estado. Pero nunca se supeditaron a un solo país o Gobierno específico y menos que estuviera vinculado directa o indirectamente en el desenlace de la tragedia violenta en Guatemala organizada continentalmente el 28 de marzo de 1954, en la Conferencia Interamericana de Caracas, y desatada a partir del 18 de junio de 1954 con su consumación el 27 de junio de 1954, concretamente, Estados Unidos de Norteamérica.
Curiosamente, lo que sí podría ser considerado como un signo de «la nueva normalidad» con fachada «democrática», previa a la existencia de la pandemia, con los métodos de las guerras sucias de los golpes de Estado blandos, es la imposición restaurada de la democracia neoliberal tutelada desde Washington, con su sede administrativa en la Casa Blanca, la cual se enfoca, inicialmente, contra Venezuela Bolivariana a partir del 5 de marzo de 2013, con el fallecimiento de Hugo Rafael Chávez Frías y la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro Moros. Con esa nueva modalidad se pretende obscenamente institucionalizar las autoproclamadas presidencias del agrado imperial, como es el caso de un tal cual llamado Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, el hazmerreír mundial.
Luego de ser expulsada la Cicig de Guatemala, el 3 de septiembre de 2019, con la silenciosa y velada participación de la administración de Donald John Trump (20 de enero de 2017), la contraofensiva restauradora de las extremas derechas, la corrupción y la impunidad han ido incrementando sus éxitos a pasos agigantados. La sociedad entera ha sido incapaz de protegerse de manera eficaz, perdiendo aceleradamente todo el terreno desde el 3 de septiembre de 2015 con la llegada a la presidencia del emelenista y anticomunista desde 1954, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, dando a la restauración entrada libre por la puerta grande. Simultáneamente, Estados Unidos lanza su decidida restauración monopólica como dueño y señor continental, debilitando a toda la temerosa intelectualidad que clama la democracia de fachada que le garantice individualmente, al menos, sus derechos «económicos», libertad de expresión y pensamiento tutelado. La clase media se resigna a esa normalidad controlada.
Con esos parámetros, «sorprendentemente», el 28 de julio de 2020 es divulgada una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, solicitándole su «intervención más decidida para contener a los grupos criminales y proteger la democracia del país». Es decir, ahora la democracia debe ser protegida desde Washington. Y, sin dejar de ser curioso el argumento tan similar a la tónica ya conocida contra Venezuela Bolivariana, tenemos que «el avance de los grupos corruptos y mafiosos -camuflados en instituciones- pone en riesgo la democracia guatemalteca y, además, convierte a nuestro país en fuente de inseguridad para sus vecinos México, El Salvador y Honduras y, por su puesto, Estados Unidos». Concluyendo la carta que «la probable consolidación de un Estado mafioso y corrupto en el norte de Centroamérica reforzará los factores de expulsión migratoria irregular en los próximos años» (El Espectador, 29 de julio de 2020). Es importante subrayar que, entre las causas fundamentales de las olas migratorias, ya sean documentadas o indocumentadas, están la excesiva concentración de riqueza en unas cuantas familias, el acaparamiento de la tierra, el sistemático desalojo de las tierras comunitarias, la gran ausencia laboral con salarios dignos y la violencia institucional y criminal institucionalizada. (De acuerdo con la Agencia EFE, esa carta es firmada por Rafael Espada, Luis Von Ahn, Claudia Paz y Paz, Jorge Mario García Laguardia, Claudia Escobar y Alfonso Cabrera, Ariel Rivera, Fernando Carrera, Edgar Gutiérrez y Gabriel Orellana, Peter Lamport, Ana Isabel Prera, Otilia Lux de Cotí, Rodolfo Rorhmoser, Mauro Chacón, Ana María Diéguez y Luis Alberto Padilla, el exembajador Francisco Villagrán, Frank Larue, y se adhieren, Marta Elene Casaús Arzú, Alejandra Colom, Jayro Bustamante, Carlos Porras González y Estuardo Porras Zadik).
Esa «nueva modalidad» de solicitar la intervención de Estados Unidos, sea cual sea la forma y medios, en Guatemala, sienta un injustificado e inaceptable precedente con la bandera de proteger y establecer la democracia. Consideramos pertinente el exigir que los gobiernos estadounidenses dejen de estar imponiendo su cacareada democracia de cartón, entiendan la imperiosa necesidad de respetar una Guatemala soberana, independiente, con el absoluto derecho a su libre determinación social y económica y la liberación de los pueblos. Es decir, reconozcan el crimen cometido contra Guatemala a partir del 18 de junio de 1954.
No es un secreto que en Guatemala todos los movimientos, incluyendo los más sangrientos, mafiosos, represivos, realizados desde las cúpulas políticas y empresariales, civiles y militares, son del detallado conocimiento en los pasillos del Congreso estadounidense, el Pentágono y sus agencias secretas, las flamantes alas de la Casa Blanca. Y solamente se desarrollan con la anuencia de los tentáculos de la triada imperial, ya sea con su abierto beneplácito o subterráneo apoyo a partir de la silenciosa inacción. El corrupto y ladrón Jimmy Morales es un reciente botón que lo demuestra.
Concluimos indicando que todo el retorno a la normalidad en Guatemala, por más que la llamen «nueva normalidad», es una tenebrosa continuidad.
Imagen principal tomada de Internet Archive.
Jacobo Vargas-Foronda
Jurista y sociólogo. Aprendiz de escritor, analista y periodista freelance. Libre pensador y autodefinido como gitano, es decir, ciudadano universal.
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