La ley
Byron Deulofeu | gAZeta joven / PLURAL
No fue concebida exclusivamente para el análisis de doctos; de hecho, el número de estos, en comparación con el grueso de a quienes va dirigida, es ínfimo. Debe ser clara, de fácil comprensión; su formulación emplea, idealmente, el lenguaje cotidiano. Su configuración se da en abstracto, con la intención de ser aplicada a una generalidad, y por lo tanto no pensada para afectar la conducta de un determinado individuo con nombres y apellidos.
Todos tienen derecho a hablar de la ley. Derecho a comentar y discutir su idoneidad; si la norma es justa o injusta, si riñe o no con la ética o la moral, o si contiene incentivos o desincentivos económicos que determinarán la conducta del agente. Aquel que no comprende su contenido, o quien ignora sus alcances, podrá encontrar en un abogado la explicación generalmente aceptada que de ella se da y las consecuencias proyectadas por el legislador de su aplicación. Claro, su interpretación es cosa distinta. Son muchas las técnicas previstas para ese fin, variadas las visiones de quienes tienen las aptitudes académicas para interpretarla y opuestas, asimismo, sus ideologías. Las Cortes, autorizadas oficialmente para interpretar la ley, suelen comportarse, precisamente, como un péndulo: criterios que van y vienen según la variopinta conformación por hombres y mujeres que las renuevan cada cinco años.
El lector podrá imaginar que de ese complejo entramado se extraen pocas conclusiones legales: dice el refrán que en donde hay dos abogados, hay tres opiniones. Pero cuando a los abogados nos preguntan cuál es el criterio sobre el correcto uso del recurso de apelación en un proceso civil o en qué consisten, en realidad, los requisitos de honorabilidad para ser elegible como magistrado de las altas Cortes, solo quien acuda al oráculo podrá acertar de lleno. Nadie se atreve en este país a garantizar un resultado o el sentido de una resolución, aunque la ley sea clara, redactada en el lenguaje cotidiano y de aplicación general.
Esto ocasiona un grave problema: la imposibilidad de calcular los costes inherentes de la aplicación de la ley. Si, a pesar de que la norma y la jurisprudencia inclinan un criterio jurídico hacia determinada dirección (A), pero nadie garantiza ese resultado previsible, sino más bien se ofrece un 50-50 de posibilidades de obtener una resolución en sentido A, o en sentido B, el costo de la ley es altísimo.
Si el hombre medio asocia el mundo de las leyes del derecho con las leyes físicas (entendidas como las reglas fijas a los que están sometidos los fenómenos de la naturaleza), en Guatemala el problema arriba señalado ocasiona el efecto contrario: el desencanto por su incomprensible interpretación y la imposibilidad de determinar con antelación el sentido del fallo judicial la vacían de peso y de certeza. Por tanto, la creencia popular no la asocia ya con las leyes físicas, sino con sus antípodas, una mezquina realidad: que en Guatemala la ley no se cumple.
Demasiado lejos hemos llegado ya, adentrándonos en este complicado mundo jurídico. Pero de una cosa, al menos, deberíamos tener certeza. Que quienes aplican e interpretan la ley conocen plenamente su contenido y las formas de las que se reviste. Por lo tanto, en lo que a ellos compete, la ley se cumple a rajatabla; en otras palabras, que las normas que rigen el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y las que reglan el proceso judicial –por medio de los cuales los derechos se hacen exigibles– y su administración son ineludibles.
Siguiendo esas premisas, la mora judicial no es más que un «fallo del sistema».
Por último, y en relación con la imposibilidad manifiesta de los tribunales de ceñirse a los plazos legalmente señalados, ¿es una redundancia exigir que la ley sea realista? Esta es una cuestión importante; la ley debe cumplirse, y su verbalización impone realidad. La ley no se discute, se cumple. La ley, aunque dura sea (dura lex sed lex), y mientras esté vigente, debe acatarse. Por los ciudadanos, por los doctos, por los abogados y por los jueces y magistrados.
Byron Deulofeu
Abogado tras las huellas de la gran literatura, la cultura y la libertad
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