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Pandemia y golpe de Estado técnico

Editorial Hoy en gAZeta

Pandemia y golpe de Estado técnico

En las décadas del siglo XX, era común escuchar en la radio música de marimba y una voz de un locutor famoso que informaba que se había dado un golpe de Estado en el país, proveniente del sector militar, y que todas las garantías constitucionales quedaban suspendidas. Entonces, la represión se desencadenaba sobre las organizaciones y personas más progresistas que luchaban por un mejor país. Lo demás es historia, una que todavía tiene serias secuelas en la sociedad guatemalteca.

Actualmente tenemos un Gobierno electo por un proceso electoral cuestionable que se instaló en enero, el cual heredó una serie de malos manejos en las entidades públicas, no solo del gobierno anterior sino de muchos gobiernos más.

Sin embargo, las prácticas de esos gobiernos siguen replicándose, ya que sectores pertenecientes a grupos de poder económico y políticos corruptos que buscan beneficiarse personalmente con los recursos del Estado están tratando de cooptar los poderes del Estado en su totalidad, es decir que miran al Estado de Guatemala como un botín al que tienen que acceder y adueñarse de cualquier forma.

Sectores de los tres poderes del Estado y entidades autónomas y semiautónomas han realizado acciones que solo benefician a funcionarios y políticos alineados en un pacto de cooptación del Estado, saltándose todos los parámetros permitidos en la sociedad y mancillando la Constitución Política de Guatemala. En dichas acciones, estos grupos no escatiman esfuerzos y toman decisiones arbitrarias que van en contra del bienestar común.

Por ejemplo, vemos como el Legislativo otorga fondos y autoriza préstamos destinados a la mitigación de los efectos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el Ejecutivo dispone de estos recursos para satisfacer la avaricia de los sectores empresariales agrupados en el Cacif y para llenar los bolsillos de políticos corruptos que, a través de concesiones o ventas de productos, sobrevaloran los precios y entregan productos de mala calidad, como es el caso de la distribución de ventiladores y oxígeno en diversos hospitales, o de las pruebas para la detección del virus.

Otro problema se ha generado con la elección de los magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, el cual ya lleva un año de estar entrampado. No fue sino hasta el pasado 24 de junio que el Congreso estableció una metodología para la elección, sin embargo, en el afán de beneficiar a personajes asociados al Pacto de Corruptos, se ha intentado dejar de lado un informe del Ministerio Público que señala a ciertos aspirantes de haberse reunido con Gustavo Alejos para negociar su puesto, así como un amparo de la Corte de Constitucionalidad que suspendía dicha elección.

A partir de allí, algunos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, que han cooptado esa institución, tomaron la decisión de enviar al Congreso una solicitud para desaforar a 4 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad. Para tal efecto, el Congreso conformó una comisión pesquisidora, de forma ilegal y arbitraria. Este proceso lo encabeza el partido que llevó al poder al presidente Giammattei (VAMOS) y lo siguen otros partidos con los mismos intereses.

El meollo del asunto es desestabilizar todas las instituciones del Estado que no estén bajo los intereses del Pacto de Corruptos, es decir, instituciones como la Corte de Constitucionalidad, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, además de querer apartar a jueces comprometidos con la justicia, como el caso de la jueza Aifán.

Lo que el Pacto de Corruptos busca es tomar todas las instituciones del Estado, para poder actuar libremente, amparándose en leyes y decretos elaborados a su medida que les permita enriquecerse ilícitamente. Tal como lo han dicho otras instituciones, lo que se está fraguando es un golpe de Estado técnico. Mientras, el presidente guarda completo silencio, a pesar de haber presentado, a principios de junio, un proyecto de reforma constitucional al sector justicia en una reunión a la que asistieron diversos sectores (incluyendo representantes de las iglesias católica y protestante), pero de la que fue excluido el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas.

Tal parece que a estos funcionarios la pandemia les cayó como anillo al dedo, porque no solo se están beneficiando del endeudamiento en el que sumieron al país por toda la eternidad, sino que están cooptando y destruyendo todas las instituciones que se encargan de garantizar el cumplimiento de la Constitución Política de Guatemala. Este no es más que un plan malévolo que hundirá más en la pobreza al pueblo guatemalteco.

No obstante, la pandemia del COVID-19 es real, los contagiados ya se cuentan por miles y los muertos por cientos. Pero el actual Gobierno no le ha dado la importancia necesaria a su erradicación, debido a que está asegurando, primero, la cooptación del Estado y el apropiamiento de los fondos destinados al combate de esta pandemia, dejando a un lado la salud del pueblo guatemalteco. Descuidando también otras áreas como la seguridad alimentaria, el apoyo económico a los necesitados, el abastecimiento de medicinas, el equipamiento y seguridad de los hospitales y salubristas. En síntesis, el Gobierno no está protegiendo a la población, simplemente porque esa no es su prioridad.

El pueblo guatemalteco pasa por uno de los peores momentos en su historia, ya que las autoridades gubernamentales lo están engañando, se le dice que los préstamos millonarios que han sido aprobados se usarán para el combate a la pandemia y para proporcionarle apoyo económico a quienes más lo necesitan, pero realmente el sistema de salud está colapsado y la población no está recibiendo la asistencia necesaria para subsistir.

En estos momentos Guatemala necesita el apoyo de todos, los diversos sectores deben unirse para enfrentar esta crisis para que podamos salir adelante y sobrevivir a la pandemia. Para esto es de crucial importancia evitar la cooptación del Estado y exigir a las autoridades transparencia y cuentas claras. No por estar atravesando una pandemia debemos dejar de fiscalizar las acciones de las instituciones gubernamentales. Tenemos que asegurar el futuro de las nuevas generaciones, para que tengan la oportunidad de vivir en una sociedad en paz y libre.

2 Comentarios

  1. alfredo porras 05/07/2020

    Es tal el asco y la náusea que me provoca todo esto……… que no tengo más que decir.
    Esta gente, ya sabemos quienes son, han convertido a Guatemala en un desagüe de heces pestilentes.

    Responder
  2. Lillian Irving 05/07/2020

    Es necesario seguir apoyando a la CC, a la FECI, a la PDH y todos los sectores que sueñan con un estado de derecho que sea verdaderamente genuino. Al Ministerio Público y a la Fiscal General se le debe exigir que se manifieste y actúe porque no es posible permitir este Golpe de Estado técnico. Ya el país del norte está tomando nota de esta situación y es lamentable que sea necesario que un tercero nos resuelva lo que debiera estar resuelto acá, en nuestra patria.

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