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Movilidades en suspenso

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Movilidades en suspenso

-Memo Acuña González | PUERTAS ABIERTAS

Al promediar la década de los años 2010, se declaró en Europa una coyuntura en las movilidades humanas que desató no solo el interés de la opinión pública, sino las más insólitas respuestas a nivel institucional de los gobiernos receptores para tratar de contener, repeler y disuadir los altos volúmenes de seres humanos que intentaban entrar al continente europeo, huyendo de situaciones límite en dimensiones políticas, sociales, ambientales y humanitarias.

Los discursos globales hablaron entonces de «crisis migratoria», para hacer referencia a un contexto en el que claramente lo que había colapsado eran los sistemas de protección y los abordajes en materia humanitaria. Se construyó así, una polifonía en torno a la excepcionalidad, que demandaba en suma la generación de abordajes desde la «securitización» impulsada por una narrativa del miedo.

Sobre este periodo, en uno de sus últimos trabajos reflexivos, el sociólogo polaco Zygmund Bauman hizo referencia a la producción generalizada del pánico migratorio y sus malos usos. Respecto a la crisis, dijo, «es una especie de nombre en clave políticamente correcto con el que designar la fase actual de la eterna batalla que los creadores de opinión libran sin descanso en pos de la conquista y el sometimiento de las mentes y los sentimientos humanos» [1].

Años después, esa dimensión crítica observada para el contexto europeo se agudizaría a nivel global, esta vez con los efectos de la pandemia COVID-19 en todos los procesos de desplazamiento humano. De nuevo, la crisis migratoria humanitaria es referenciada como un acontecimiento que caracteriza el actual escenario global y su relación con la pandemia.

Sin embargo, lo que ocurre no es solamente una crisis en las movilidades humanas. Se trata de una coyuntura de cambio de sentido en el que estas han quedado comprometidas, subsumidas, suspendidas, de múltiples formas a la vez que han visto perjudicados sus derechos básicos a la seguridad, la salud, la alimentación y el buen estado emocional para contender los impactos físicos y psicológicos de la pandemia. Entidades internacionales, organismos de derechos humanos, representantes de la sociedad civil han llamado permanentemente la reflexión sobre esta situación límite para las personas en movilidad.

Entre las poblaciones más afectadas se encuentran las personas migrantes y desplazadas de forma forzosa debido a situaciones en sus contextos de origen. Al momento de escribir estas líneas, las acciones sobre las movilidades internacionales se han centrado en el cierre de fronteras, reconfigurando los espacios fronterizos como verdaderos territorios donde el enfoque de la «securitización» se ha impuesto como política, generando por ahora un vacío en la gobernanza global en el tema. También, el límite a la locomoción, la pérdida de estatus migratorios y la generación de una gran cantidad de personas en condición de apatridia, son parte de los resultados que impactan las dinámicas de las movilidades humanas a escala global. De acuerdo con un portal de datos sobre la migración global, entre el 11 de marzo (día que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia) y el 20 de abril, el total de movimientos poblacionales restringidos en todo el mundo se estimó en 48 000. Las prohibiciones fronterizas representaron un impacto en la movilidad de personas y en el funcionamiento de organizaciones humanitarias.

Una nueva política migratoria se ha instalado, teniendo como matriz la suspensión obligada de las movilidades, produciendo a la vez la construcción social del miedo que ha provocado, no en pocos escenarios nacionales de recepción, el aumento de la discriminación, los discursos xenófobos y el rechazo a las corporalidades sospechosas de cruzar las fronteras con el virus a cuestas.

Este contexto de conculcación de derechos y mezcla de pánico y «miedo al otro» no es nuevo. Basta con repasar los discursos durante la epidemia del Ébola desarrollada hace algunos años y cómo fueron cruzados en ellos elementos de racialización, origen y nacionalidad [2] para esgrimir discursos discriminatorios, que hoy se encienden y actualizan en todo el mundo.

En el contexto comprometido para las movilidades humanas, la región centroamericana no muestra un escenario favorable. El año 2020 había iniciado con nuevas salidas masivas vía terrestre con destino a Estados Unidos, en una especie de renovación de aquellas que se habían impulsado al finalizar el 2018; rápidamente fueron repelidas por la frontera vertical dispuesta en territorio mexicano. Las deportaciones desde Estados Unidos y México habían continuado, ahora con el establecimiento de la figura de tercer país seguro, una especie de contrato leonino entre la Administración Trump y los gobiernos del norte de la región para «devolver» a los centroamericanos a contextos donde la precariedad, la vulnerabilidad y el riesgo constituyen el elemento común.

En lo que la pandemia ha seguido su curso, las deportaciones masivas y exprés hacia Centroamérica han continuado, agudizando la problemática para quienes retornan tal vez de forma involuntaria y con mucho temor a sus contextos de origen. Entre marzo y abril la cifra pudo haber alcanzado las 10 000 personas deportadas de esta manera. Múltiples voces del ámbito de sociedad civil y organismos internacionales también se han levantado para reclamar las condiciones de trato indigno recibidas por quienes han sido obligados no solo a permanecer en sitios de detención sin las mínimas condiciones, sino también retornar en situaciones absolutamente precarias, muchos de ellos con el diagnóstico positivo del virus luego de haberlo adquirido en los sitios de detención y aseguramiento migratorio en Estados Unidos y México.

La problemática es difícil para aquellas personas «abandonadas» en la frontera entre México y Guatemala, luego de haber sido expulsados en caliente desde territorio estadounidense. En la región, haber cerrado fronteras contuvo medianamente el virus, pero no la agudización de las vulnerabilidades para cientos de personas en contextos de movilidad «confinada». A este aspecto debe sumarse que la institucionalidad regional que aborda los desplazamientos humanos proviene del mundo de la seguridad como esquema de administración migratoria.

Como resultado de los límites a la movilidad humana en la respuesta a la pandemia, ha aumentado la construcción de escenarios de riesgo inscritos en las corporalidades de las personas que se movilizan. La conformación de las ilegalidades, un concepto desarrollado para explicar la generación histórica y sociopolítica de diversos tipos de sujeción de la persona en contextos de movilidad [3], adquiere ahora nuevas dimensiones ampliadas en las cuales la corporalidad que se desplaza y su relación con la salud juegan un rol fundamental.

La región centroamericana no escapa a estos procesos. En Honduras, por ejemplo, un Centro de Atención para Migrantes Retornados tuvo que cerrar sus puertas ante la presión de la población local, como temor a la propagación del virus. En la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, un grupo de migrantes deportados de Estados Unidos estuvo a punto de ser linchado por pobladores locales, por considerarlos sospechosos de portar la enfermedad.

En Costa Rica, se han profundizado los discursos y las declaraciones xenofóbicas en contra de la población extranjera, en particular la nicaragüense. Bajo los argumentos de resguardo y defensa de la frontera común y en nombre de la sanidad pública, se ha «securitizado» la gestión de las movilidades en ese territorio binacional. Organismos internacionales en derechos humanos como el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han denunciado recientes abusos contra poblaciones refugiadas cometidos por autoridades costarricenses. Valga decir que al momento de escribirse las presentes reflexiones, ningún caso positivo por COVID-19 ha sido reportado por las autoridades costarricenses como importadas por dicha frontera.

Entre tanta práctica, se ha instalado además una «semántica de lo atroz», con aseveraciones peyorativas como la enunciada por el presidente guatemalteco al hacer referencia a uno de los vuelos de personas deportadas donde venían infectados con el virus, como el «vuelo maldito». En Costa Rica, en varias páginas de redes sociales con tintes nacionalistas, el llamado a «matar nicas» es frecuente y celebrado con humor negro y deshumanizante.

En la presente coyuntura, la producción de una nueva ilegalidad ampliada que atraviesa los cuerpos de las personas en movilidad, está cruzada también por un replanteamiento del concepto de paria, para designar nuevas categorías de rechazo y exclusión que la emergencia del COVID-19 ha instalado para siempre en el campo de las movilidades humanas.

Dinámicas renovadas se han observado. Ahora no son los extraños de Bauman quienes tocan a la puerta. Como respuesta a esas reconfiguraciones del poder y del discurso global, cientos de miles de personas en movilidad se han devuelto a sus países de origen, subvirtiendo el orden, cerrando la puerta al salir. Pasó con movilidades africanas en España y con familias nicaragüenses retornando a su país, provenientes de Costa Rica. Será necesario reconocerles ahora mismo y en el futuro, no como sujetos en movilidad, ni como parias del sistema, sino como seres humanos. El desafío en esta dirección es enorme y nos convoca a todas y todos con urgencia.

Texto publicado originalmente en Maestría en Historia Aplicada.
Imagen principal, Y los migrantes seguían llegando, de Jacob Lawrence, tomada de Periferias.
Referencias
[1] Bauman, Zygmunt. (2016). Extraños llamando a la puerta. Espasa Libros, Barcelona.
[2] Ventura, Daysi. (2016). El impacto de las crisis sanitarias internacionales en los derechos de los migrantes. En: SUR, 23, V 13, N. 23. pp 61-75.
[3] Álvarez Velazco, Soledad. (2017). Movimientos migratorios contemporáneos: entre el control fronterizo y la producción de su ilegalidad. Un diálogo con Nicolas De Génova. En: Revista de Ciencias Sociales. N 58. Quito. Pp 153-164.

Memo Acuña González

Sociólogo, escritor.

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