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Cuando el atrabancado es el presidente

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Cuando el atrabancado es el presidente

Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

En sus ya cotidianas exposiciones transmitidas por casi todos los medios electrónicos de comunicación de manera gratuita y difundidas por sus canales en redes sociales, el presidente Giammattei afirma que informa y comunica del avance y control de la pandemia. Sin embargo, hasta los alcaldes más plegados a su discurso y forma de hacer política, como el de Mixco, dicen ya, públicamente, que el presidente lo que consigue es confundir y complicar aún más la situación.

Sin capacidad para proponer políticas públicas que le permitan al país superar el angustioso y cada vez más profundo empobrecimiento de los más amplios sectores de la sociedad, la crisis sanitaria no solo vino a desnudar esa situación, sino que, lo más trágico, la ha incrementado.

Con la intención de mantener tranquilas y contentas a las élites económicas, las principales medidas que se han tomado, han estado orientadas a permitir que grandes empresas pongan a salvo sus ya abultadas ganancias, traficando públicamente su influencia para que se les difieran los pagos de contribuciones e impuestos, sin mayor trámite ni evaluación.

Sin embargo, esto no ha sucedido con los amplios grupos de pequeños y medianos empresarios, trabajadores formales, semiinformales e informales, para quienes están dirigidas las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 15-2020, el que al momento de escribir esta nota aún no había sido publicado en el Diario Oficial, a pesar de que la mayoría de diputados rechazó el veto presidencial y convirtió el Decreto en ley la semana pasada.

Luego de evidentes presiones de las más grandes empresas de telefonía celular, producción y distribución de energía eléctrica, y de la Municipalidad capitalina, que comercia el agua potable en su municipio, el presidente, vigilado por los ejecutivos de esas empresas, anunció un supuesto acuerdo, verbal, en el que dichos comercios permitirían al usuario diferir los pagos sin intereses. Pero, pasados los días, ninguna de esas empresas ha difundido mecanismos ni instrumentos –formularios– para que las y los usuarios, de manera ágil, pueda hacer su solicitud y dormir tranquilo.

Todo lo contrario, las empresas no han retirado las numerosas solicitudes de amparo que sus representantes públicos y solapados han presentado ante la Corte de Constitucional contra los efectos ese decreto. El supuesto acuerdo verbal es, en consecuencia, una más de las propuestas demagógicas del Gobierno y sus aliados.

Cierto es que el país necesita cuanto antes encontrar el rumbo para recuperar el paso de su desordenada y consumista economía, pues los efectos de la suspensión relativa del comercio y producción solo afectan a los más pobres. Sin embargo, puede salir más caro el caldo que los frijoles. Un regreso a la supuesta normalidad, tan desordenado y confuso como ha sido la puesta en práctica del aislamiento social, solo nos traerá graves consecuencias.

El presidente presume que por sus medidas los contagios han sido pocos, y que no se ha producido el «muerterio» que un diputado, por el que públicamente expresa el más visceral de los desprecios, presagiaba. En realidad, no estamos aún en condiciones de cantar victoria, pues diariamente se suman decenas de contagios y, contrario a lo que sucede en otras latitudes, los decesos no solo se producen en personas mayores de 70 años.

Las presiones para volver a la tan ansiada normalidad del consumo desordenado y superfluo, más que a la producción de bienes y servicios esenciales, son evidentes. Desde el «optimismo» neoliberal se habla ya de la necesidad del contagio indiscriminado para obtener la inmunidad colectiva pues, como Dionisio Gutiérrez afirma, refiriéndose a supuestas autoridades científicas sin mostrar la más mínima evidencia empírica contrastable, «en la mayoría de países hay que multiplicar por 50 y hasta por 100 veces el número oficial de contagios», lo que haría suponer que la proporción en la mortalidad es mucho menor que la publicada. De esa cuenta, propone, junto a esos científicos que no identifica, «que las cuarentenas en lugar de ser generales deben ser puntuales y selectivas para los más vulnerables, lo que es más conveniente para la salud y para la economía». Su argumentación coincide con lo que el presidente tosco, incapaz y autoritario de Brasil, Jair Bolsonaro, y sus violentos neofascistas seguidores vienen proponiendo. Dejar que los vulnerables se cuiden o, cuando mucho, se les encierre en campos de concentración, al estilo de las aldeas modelo de los años ochenta, o de los lazaretos a los que se confinó a los leprosos en siglos pasados.

Comparten estos promotores de la profundización de las desigualdades la idea de que, en América Latina al menos, el pico de contagio de las élites ya está superado, y que ahora solo es cuestión de dejar que se extienda «e inmunice» a los pobres, entre los que lamentablemente habrán más muertes que, no siendo las de los suyos, poco les importa. Su malthusianismo está más que en evidencia.

Pero resulta que, con los escasos datos con los que actualmente se cuenta de la pandemia, como las informaciones que a diario suministran sitios especializados, puede establecerse que la proporción de muertes por millón de habitantes ha sido mucho más alta en países donde no se tomaron medidas restrictivas fuertes o donde lo hicieron tardíamente. Al 5 de mayo, mientras en Suecia, donde no se han aplicado normas restrictivas y se ha confiado en la responsabilidad y sentido común de los ciudadanos, había 268 decesos por millón de habitantes, en Dimamarca y Noruega, donde las medidas fueron mucho más drásticas, apenas se contabilizaron 82 y 40 decesos por millón de habitantes respectivamente.

Por otro lado, hay una correlación bastante alta entre número de contagios y PIB per cápita de los países, lo que lleva a suponer que Guatemala, siendo un país repleto de pobres, tendrá más contagios en sus áreas urbanas que en las rurales. Pero en este sentido, apenas se han puesto cinturones sanitarios a las pequeñas poblaciones con contagios, no así a la ciudad capital, que es la que concentra el mayor número de casos.

Liberar de manera irresponsable la circulación de personas puede tener, en consecuencia, efectos contrarios a lo esperado. El Gobierno no solo debe tener cautela sino, dejando de proteger a quienes particular y personalmente ya están a salvo y con recursos suficientes como para soportar bajas en sus ingresos, evitar la demagogia y la charlatanería barata. Decir que el sistema de salud aumentó en solo tres meses 1031 camas y 105 puestos de intensivo, sin agregar que estos están en hospitales de campaña y no en el sistema hospitalar permanente, es demagógico. Como irresponsable es considerar que la meta de contagios es llegar a 2250 casos, es decir, 125 por millón de habitantes, tal y como se mostró en las diapositivas de la presentación del domingo recién pasado, porque junto a ello puede venir la multiplicación de deseos que nadie quiere.

El serio problema del gobernante y quienes lo gobiernan es que, de manera real y honesta, no están escuchando, mucho menos delegando funciones en quienes efectivamente saben y conocen del asunto. Al contrario, están usando informaciones dispersas, supuestos y especulaciones aún no demostradas, para justificar la satisfacción de intereses económicos de las grandes empresas, aunque con ello se sacrifique hasta la vida de los grupos mayoritarios.


Imagen principal por Rafael Mora.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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1 comentario

  1. Dora Quiñonez 07/05/2020

    EXCELENTE ARTICULO

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