Economía y COVID-19, entrevista a Juan Alberto Fuentes Knight
-gAZeta | PREGUNTAS A-
La pandemia del COVID-19 ha desmantelado cualquier propuesta económica diseñada antes de su aparecimiento. En Guatemala, el gobierno recién instalado de Alejandro Giammattei tenía su particular forma de ver y entender el crecimiento económico del país, a partir de como se comportaron los factores económicos en los años anteriores. Existía el supuesto de que, bajo algunas premisas, la reactivación económica en el país era posible. Sin embargo, el escenario ha mudado significativamente.
Para ofrecer a nuestros lectores una visión más clara y objetiva de la situación, les compartimos esta entrevista realizada a Juan Alberto Fuentes Knight, economista guatemalteco.
¿Cuáles eran los principales problemas con los que la economía guatemalteca se enfrentaba antes de la explosión del COVID-19?
Crecimiento estacionario con desigualdad. Con un crecimiento demográfico de más del 2 %, el crecimiento promedio del PIB de 3.5 % de las últimas décadas significaba un crecimiento del ingreso por habitante de poco más del 1 % por año. Además, estaba concentrado entre el 10 % de la población con mayores ingresos, constituida por una clase media alta y alta con niveles de vida del primer mundo, que coexistía con más de la mitad de la población sumida en la pobreza. Un Estado raquítico, en línea con la hegemonía de un pensamiento de derecha cuasianarquista, contrario a la existencia misma del Estado, no favorecía la movilidad social y económica a no ser por la vía del compadrazgo, la captura de ese mini-Estado y la corrupción.
En ese escenario, ¿cuáles eran las acciones indispensables que nos podrían haber permitido crecer económicamente, en una proporción mayor al crecimiento poblacional?
Definir una nueva estrategia de desarrollo altamente concertada, que incluyera un Estado con capacidad de implementarla, y centrada en un aumento de la inversión privada dirigida a producir para el mercado interno y el externo –especialmente agrícola no tradicional y turismo–, con más inversión pública en infraestructura rural y más gasto público en educación y salud. Requeriría especialmente un nuevo tipo de inversión privada que ya no privilegiara inversiones diversificadas, especialmente inmobiliarias y en el comercio, sino centrada en la transformación productiva y en la especialización, con creciente incorporación de progreso técnico, para aumentar la productividad. Eso implicaría depender menos del consumo y más de la inversión como fuente de crecimiento. También requeriría una reorganización del ámbito del trabajo, iniciada con una extensión masiva de contratos laborales, el establecimiento de salarios mínimos diferenciados por sector, de acuerdo con su productividad, y transferencias condicionadas que fomentaran que jóvenes se educaran en vez de ser fuente de mano de obra barata. Implicaría aumentar la recaudación tributaria y mejorar la eficacia del gasto público.
¿Cuáles son los impactos más significativos que la pandemia tiene y tendrá en la economía del país?
Es un shock externo temporal, pero con efectos que pueden ser duraderos, especialmente en la medida que provoca la destrucción del aparato productivo. Desde la perspectiva económica el distanciamiento social impulsado como medida sanitaria tiende a producir una evaporación de la demanda interna y desarticula la oferta, especialmente en el ámbito del comercio y de los servicios. Estos requieren contacto humano directo, involucran a una alta proporción de trabajadores informales y representan el 60 % del PIB de Guatemala. Además, la recesión –o probable depresión mundial– está reduciendo las exportaciones y las remesas, y haciendo caer el turismo a casi 0. La contracción de la demanda interna –en comercio y servicios, y derivado también de la caída de remesas– y externa –exportaciones y turismo– representan un golpe doble a la economía. Significa que el empleo caerá, así como los ingresos y las ganancias, y que muchas empresas pequeñas y medianas podrán quebrar. Ya están quebrando: ya hay empresas de turismo y otras de servicios que a duras penas han pagado el último mes de salarios y que ya no pueden hacerlo el mes que viene. Conozco de varios casos. Esto puede significar una seria destrucción del aparato productivo y un terrible sufrimiento de muchísimas personas, empresarios y trabajadores, que no puede cuantificarse. Si no se hace nada, la pobreza y el hambre también empeorarán. En Honduras ya condujo a saqueos.
El grado en que ocurra la desarticulación de la oferta y evaporación de la demanda interna dependerá de lo estrictas que sean las medidas sanitarias de distanciamiento social, y de su duración, pero la contracción de la demanda externa ya es manifiesta. Pueden imaginarse diversas trayectorias con base en lo que ocurra con el contagio y el confinamiento social. Un escenario optimista es que el deterioro externo dure poco y la propagación del coronavirus en Guatemala sea limitado, con lo cual podríamos salir de la crisis sanitaria y económica después de pocos meses. Un escenario pesimista es que se combine un deterioro profundo de la economía mundial con una amplia propagación del virus en Guatemala y un largo e intermitente confinamiento social, con lo cual la crisis sanitaria y económica podría durar hasta fines del 2020, o más. La naturaleza de ambos escenarios o de alguno intermedio también dependerá de las políticas que se adopten.
¿Cuáles de las propuestas que eran parte del programa económico original del Gobierno actual estarían aún vigentes dados los impactos que la pandemia tiene y tendrá en la economía local, y cuáles definitivamente ya no son aplicables?
La visión inicial tenía como núcleo central el aumento de la inversión y el empleo a partir del fomento de las exportaciones no tradicionales y el turismo, con una ampliación de la infraestructura en grandes obras ejecutadas como alianzas público privadas, y con el cumplimiento de compromisos laborales (pactos salariales) del Gobierno financiados con bonos vendidos a los bancos comerciales nacionales. Como ingredientes secundarios, incluía transferencias condicionadas modestas y una ampliación limitada de los servicios de salud y educación, además de un fuerte énfasis en las políticas de seguridad.
Las transferencias, aunque ya no condicionadas y ahora con perspectivas de ser magnificadas, se tornan fundamentales como base para atender al gran sector informal ocupado en el comercio y los servicios golpeados por la crisis, además de jornaleros y hogares pobres en otros sectores. La seguridad se mantiene y probablemente refuerce ante el peligro de revueltas y saqueos. La salud ya está recibiendo una creciente atención aunque, como ha destacado el Pacto Ciudadano, ameritan más atención los servicios básicos de salud y no solo la construcción de hospitales, además de que se requieren más recursos para masificar las pruebas de contagio del virus. Los componentes económicos que se plantearon ya dejaron de estar vigentes y la educación probablemente entre a depender de la inercia institucional del sector.
¿Qué otras acciones sería indispensable impulsar para conseguir paliar los efectos económicos de este desastre sanitario? ¿Cuáles consideras que son de urgente aplicación?
Ha habido varias propuestas y un debate interesante acerca de lo que se requeriría. Creo que el Gobierno y el Congreso han recogido parte de estas propuestas, con variaciones. Lo que primero se escuchó fue la solicitud de que se postergara el pago de impuestos, recomendado y divulgado inmediatamente por el sector privado, que como siempre también aprovechó para solicitar la eliminación de algunos impuestos. ¡Incluso hay un grupo de diputados que están planteando exonerar impuestos por 100 años! Hubo propuestas de postergar deudas empresariales y personales y de canalizar algunos fondos, que por expresarse como millones de quetzales parecen mucho, pero que en realidad son extremadamente limitados ante la inminente quiebra de innumerables negocios pequeños y medianos, el consiguiente desempleo de trabajadores formales e informales, y la necesidad de comprar y distribuir alimentos. Hubo medidas más amplias y necesarias en el ámbito de la salud y luego otras que sirvieron para cubrir las necesidades de financiar salarios de empleados públicos. Se integraron estas propuestas –no la de exoneración eterna de impuestos– en una ley, que incluyó financiamiento derivado de préstamos externos, y el Congreso lo aprobó la semana pasada. Eran medidas necesarias aunque insuficientes.
Pero el lunes 30 de marzo el gabinete de crisis del Gobierno presentó una propuesta de medidas de emergencia al Congreso. Me parecen que ya avanzan en reconocer que estamos viviendo una catástrofe. Guatemala es de los pocos países que tiene un candado que le prohíbe al Gobierno acudir al banco central para financiar sus gastos, lo cual ha obligado al Gobierno a depender de bancos comerciales cuando desea acudir al crédito interno para financiar la brecha entre ingresos y gastos públicos. En esta ocasión, varios habíamos recomendado que se invocara el Artículo 133 de la Constitución, que le permite al Estado acudir a crédito (o bonos) otorgado por el Banco de Guatemala, para financiar los gastos adicionales que una catástrofe justifican. El gabinete anunció que deseaba hacerlo, por un monto de Q 11 millardos, lo cual requiere la aprobación de dos terceras partes de los diputados del Congreso. Estos recursos son insuficientes, pero representan un paso adelante.
Sin embargo, dos días más tarde, el miércoles 1 de abril, la Junta Monetaria aprobó que el Gobierno emitiera bonos por Q 5 millardos para ser financiados por los bancos comerciales, para cubrir una ampliación presupuestaria solicitada al Congreso previamente, el 18 de marzo. El Gobierno acudió a los bancos privados en vez de acudir al propio Banco de Guatemala, a pesar de que hubiera podido pedirle a este un préstamo de Q 16 millones (Q 11 millardos previos + Q 5 millardos adicionales), a muy largo plazo y con intereses más bajos. Pero aunque la emisión de bonos a favor de los bancos comerciales tuviera un costo mayor que el crédito obtenido del Banco de Guatemala, le permitía al Gobierno quedar bien con los bancos privados: estarían contentos al darle crédito a cambio de asegurar un buen rendimiento y ningún riesgo. Así funciona la economía política en Guatemala.
El paquete de gasto propuesto por el gabinete de Gobierno al Congreso el 30 de marzo incluye tres ingredientes fundamentales: recursos para trabajadores que perdieron el empleo, transferencias para familias pobres y crédito para pequeñas y medianas empresas que requieran liquidez. El Pacto Ciudadano había propuesto transferencias para familias pobres, así como recursos para cubrir los salarios de empleados en empresas, con el fin de evitar despidos. Esta idea de evitar despidos no parece estar en la propuesta del Gobierno, pero se podría incluir en la medida que el crédito para pequeñas y medianas empresas se condicionara a que no hubiera despidos. El Pacto Ciudadano también había propuesto aprovechar el poder de compra del Estado para adquirir alimentos de pequeños productores por hasta Q 15 millardos, y distribuirlo a grupos vulnerables, en cooperación con el sector privado y cooperativo. Lamentablemente, esta idea no está presente en la iniciativa de emergencia, y aunque en el primer paquete de medidas ya aprobado por el Congreso se incluyeron algunos recursos para la distribución de alimentos, o cupones de alimentos, el monto asignado es totalmente insuficiente (Q 700 millones).
¿Existe capacidad institucional para ejecutar estos programas de emergencia?
Existen dudas sobre la capacidad institucional de ejecutar algunas de las propuestas. Ahora se manifiesta brutalmente la extrema debilidad del Estado guatemalteco en general. La hegemonía del pensamiento anarquista tiene un costo altísimo.
Para transferir los recursos a los trabajadores que pierdan empleo se ha propuesto acudir al IGSS, en la medida que esos recursos provengan del Gobierno y no sean los del IGSS. En este ámbito hubo un error conceptual y un lamentable problema de comunicación donde se confundió la idea de un seguro para los trabajadores con una transferencia de emergencia para los despedidos, y el pago que debía hacer el Gobierno con la deuda que tenía con el IGSS desde hace décadas. Magnificó la confusión una propuesta de que el propio IGSS financiara los nuevos gastos de emergencia. Contribuyó a un ruido totalmente innecesario que complicó todo e impidió avanzar rápidamente con las acciones requeridas. Pero ya parece haberse disipado el humo, y la propuesta más sencilla de canalizar recursos del Gobierno a través del IGSS para trabajadores que perdieron el empleo parece razonable.
El arreglo administrativo para canalizar transferencias más pobres es más discutible. El gabinete propuso que las familias pobres que se estarían beneficiando de los Q 1000 por mes que debían distribuirse durante tres meses, debían ser aquellas que vivían en hogares que consumían menos de 300 kv por mes. Son familias que ya se benefician de pagar una tarifa social, menor a la que paga el resto de consumidores de energía. Esta propuesta de utilizar la misma base de datos para canalizar las transferencias a familias pobres es discutible por varias razones. Primero, muchas familias conviven con otras en un local con un solo contador de energía. Significa que solamente la familia que está registrada como consumidora de la energía sería la beneficiaria de la transferencia, mientras que la otra o las otras familias que conviven en el mismo local no tendrían ese derecho. Segundo, no es obligatorio que la persona que habita el inmueble sea la que aparece registrada como consumidora de energía, es decir, en muchos casos el contador aparece registrado a nombre del dueño del inmueble y no del que viven en la casa. Tercero, en muchos casos, ya sea de barrios marginales urbanos o de zonas rurales con escasa presencia del Estado, la energía utilizada es obtenida de manera irregular o robada, lo cual no solo excluiría a muchos hogares sino que también podría ser fuente de violencia por parte de aquellas familias excluidas. El caso de El Salvador ya ha presentado una serie de problemas que debiera conducir a las autoridades guatemaltecas a reconsiderar la forma de identificar a las familias beneficiarias de las transferencias.
Ya existe una experiencia con la canalización de transferencias condicionadas, que acudió a censos locales y a Banrural para hacer las transferencias. Se podría aprovechar esta experiencia, los datos del Censo de Población de 2018 y la existencia del Ministerio de Desarrollo, creado con el propósito de ser una respuesta institucional en este ámbito, para canalizar las transferencias. Requiere una rápida reingeniería del MIDES, pero existe una masa crítica de personas capacitadas en estadística y en el tema de transferencias que podría contratar rápidamente para avanzar.
El Gobierno ha propuesto que el fondo de crédito para empresas medianas y pequeñas debiera ubicarse en el Crédito Hipotecario Nacional, el único banco público que participa como banco comercial en el sistema financiero nacional, aunque generalmente restringido a proporcionar crédito para la vivienda. La debilidad del Estado, al no contar con un banco público de desarrollo, vuelve a manifestarse en este ámbito. Corresponderá dotar al CHN del personal capaz de manejar este nuevo fondo, con agilidad, pero debiera además ser el precedente para reconvertir al CHN en un banco público de desarrollo, como Nacional Financiera de México o el Banco del Estado de Chile, para darle la capacidad de responder ante necesidades de crédito que el sistema bancario privado no está en la capacidad de atender. Además, como mencioné, cabría condicionar los créditos de este fondo a que no se den despidos, para lo cual parte o la totalidad del crédito otorgado debiera servir para cubrir planillas.
A lo anterior hay que agregar dos ingredientes que requieren financiamiento y que no están contemplados en el programa que presentó el gabinete el 30 de marzo: las compras de alimentos y compras de equipo, especialmente para realizar pruebas masivas de contagio del coronavirus. Lo primero requeriría un fortalecimiento del Ministerio de Agricultura, y acuerdos selectivos con el sector privado y cooperativas, como ha propuesto el Pacto Ciudadano, y lo segundo requeriría reforzar no solamente hospitales sino el sistema de atención primario de la salud.
¿Qué más te parece importante agregar?
Es fundamental asegurar la vigilancia y buen uso de los recursos. El Pacto Ciudadano ha propuesto constituir un comité de supervisión estratégica conformado por representantes del sector privado, sociedad civil y cooperativas, además del Gobierno. También ha recomendado conformar una oficina ejecutiva, suscrita al Ministerio de Finanzas Públicas o a la Junta Monetaria, y con capacidad técnica para evaluar programas (o para contratar la evaluación). Esta oficina tendría que proporcionar informes mensuales a la ciudadanía y al Congreso sobre el gasto de los recursos del programa de emergencia. Esto se justifica plenamente no solo para contribuir a un buen uso de recursos sino también para generar confianza entre la ciudadanía de que la emergencia se está enfrentando adecuadamente.
Por gAZeta
Fotografía principal tomada de Pinterest.