ODS 16 ─ Paz, justicia e instituciones sólidas (II)
Vinicio Barrientos Carles | Política y sociedad / DESARROLLO & PAZ
No hay camino para la paz, la paz es el camino.
Mahatma Gandhi
En la primera parte de este artículo se inició el acercamiento usual que hemos venido haciendo en las últimas publicaciones de esta columna Desarrollo & paz, tratando objetivo por objetivo, respecto a sus metas y estrategias para el desarrollo sostenible, bajo las perspectivas planteadas por la ONU para cada uno de ellos. En este punto, sin embargo, partiendo de la naturaleza múltiple de este ODS 16, hemos enfatizado la importancia del mismo en nuestro contexto de país, por lo que estamos ampliando la exposición, tratando de complementar algunas de las consideraciones básicas al respecto, con miras a clarificar los cambios que se deben emprender para el cumplimiento de las metas trazadas en estas líneas de acción. En efecto, el reto por la paz y la justicia es prioritario en el mundo del siglo XXI, y el fortalecimiento de las instituciones en pro del Estado de derecho es indefectiblemente una condición sine qua non, porque sin paz no es posible alcanzar el desarrollo sostenible, en ninguna de sus formas, y para la obtención de una verdadera paz, en su sentido positivo y constructor, es requerimiento fundamental la eliminación de las desigualdades estructurales y la pobreza más enraizada en las mismas instituciones del Estado, que se han alejado paulatinamente de los intereses más profundos de la población, a la que deben su existencia, y a la que deben servir sin pretexto alguno.
En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en general, buscan reducir substancialmente todas las formas de violencia, y propenden al trabajo efectivo con los gobiernos y las comunidades diversas, para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad que impiden el desarrollo sostenible. Así, el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos resulta fundamental en todos estos procesos transformadores y participativos en pro de la paz, en su sentido más amplio y abarcador, así como la reducción del flujo de armas ilícitas en función de la consolidación de controles para la gobernabilidad mundial. Como hemos anotado, este ODS 16 se concentra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, lo cual no puede darse sin la pertinente y adecuada provisión de acceso a la justicia, para todos, y sin privilegios para los agentes de poder, lo que derivará en la enérgica construcción de instituciones responsables, que sean eficaces y efectivas en todos los niveles de la sociedad.
Como hemos descrito en la primera parte, este objetivo incluye una subdivisión en diez metas específicas, cada una representando los aspectos medulares en favor del desarrollo de la paz y la justicia, a través de dos estrategias principales, que en forma resumida rezan así:
a) Fortalecimiento de las instituciones nacionales, para la creación de capacidades a favor de la prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
b) Promoción y aplicación de políticas no discriminatorias en pro del desarrollo sostenible.
Conseguir la justicia y, por ende, la paz, implica facilitar el derecho fundamental del acceso a la justicia, especialmente para los más desfavorecidos, reforzando la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, y aplicar las nuevas tecnologías en la administración de justicia, de manera que esta resulte más ágil, eficiente y eficaz, cumpliendo su doble labor de castigar al culpable y contribuir a reparar los daños causados, sin pretextos ni demoras. En nuestro país, esta lucha por la justicia, ecuánime e igual para todos, es urgente y prioritaria, lo cual implica el ataque frontal hacia todos aquellos operadores que viven de un sistema estructuralmente debilitado.
Los retos actuales planteados por la desigualdad socioeconómica y la pobreza, el hambre, la disminución de los recursos naturales, la escasez de agua, la degradación ambiental, las enfermedades, la corrupción, el racismo y la discriminación, entre otros factores, suponen un gran desafío para la paz, lo cual genera un terreno fértil para el surgimiento de conflictos de toda clase. Sin embargo, el desarrollo sostenible contribuye de manera decisiva a disipar estas causas de conflicto, además de sentar las bases para una paz duradera y de largo plazo. La paz, a su vez, consolida las condiciones requeridas para el desarrollo sostenible y moviliza los recursos necesarios que permiten a las sociedades desarrollarse y prosperar convenientemente de acuerdo a todo su potencial. Partiendo del hecho de que las comunidades y los pueblos son el hogar común de millones de personas, es posible concluir el papel primordial que juegan las instituciones que las gobiernan, porque de ellas depende la consecución de cualesquiera objetivos que se deseen lograr.
En esta línea de ideas, Manuel Montañés y Esteban Ramos Muslera describen la intrínseca e inseparable participación del ser humano como sujeto, más que como objeto, de los procesos de paz:
De igual modo que Julio Cortázar dice que un puente es un hombre cruzando un puente, se podría decir que la paz (o el conflicto) carece de naturaleza propia sin la presencia de los seres humanos, que le dan sentido a la realidad vivida. Esta aparente obviedad, parece haber pasado desapercibida a la hora de planificar los procesos de construcción de paz y/o gestión de los conflictos, pues, si bien, numerosos autores han realizado un ingente trabajo de intervención práctica en los conflictos, no es menos cierto que lo han hecho sin prestar la atención prioritaria que se le debería de dar a los principales protagonistas de los mismos, que no son otros distintos de la ciudadanía de base.
Por ello se conceptualiza a la paz como una realidad sociocultural construida, humana, muy humana, y por tanto, se ha de propiciar la participación de los sujetos en la gestión de los conflictos en pro de esta construcción de la paz, siguiendo las perspectivas de una propuesta de paz transformadora y participativa, sobre la que anteriormente hemos comentado, con la cual se posibilite la acción ciudadana efectiva.
Así que, en el ámbito general de la lucha contra la desigualdad, es ingente, y urgente, la promoción de la igualdad del acceso a la justicia, como el elemento clave en la cohesión social requerida en todas las comunidades, base de toda democracia, porque la vulnerabilidad económica, social, educativa o de cualquier otro tipo, no puede nunca ser un obstáculo para obtener del Estado la protección jurídica que las instituciones sólidas deben proporcionar a todos los ciudadanos por igual.
Finalmente, para que este objetivo pueda llegar a su feliz factibilidad pragmática, es requerido dar el paso definitivo y crucial: la transparencia y la rendición de cuentas respectiva. Esto, porque una sociedad informada, gestionada por instituciones públicas transparentes, estará en la disposición de exigir a sus gobernantes el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por estos, sobre una base documentada y veraz. Así que, sobre la transparencia y los procesos asociados, tendremos que ampliarnos, oportunamente, en futura ocasión.
Imagen principal elaborada por Vinicio Barrientos Carles.
Vinicio Barrientos Carles
Guatemalteco de corazón, científico de profesión, humanista de vocación, navegante multirrumbos… viajero del espacio interior. Apasionado por los problemas de la educación y los retos que la juventud del siglo XXI deberá confrontar. Defensor inalienable de la paz y del desarrollo de los Pueblos. Amante de la Matemática.
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