El crimen de Jimmy Morales no puede quedar impune
-gAZeta | PREGUNTAS A-
Cuando hace tres años ardió la sala del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y calcinó a 41 niñas, el entonces presidente de la República, Jimmy Morales, según informes, estaba enterado al detalle de los hechos, incluido que a la puerta del pequeño salón, con 56 niñas dentro, se le había puesto candado, negando cualquier salida a las allí enclaustradas.
El abogado Marco Vinicio Mejía presentó demanda judicial contra el ahora expresidente para que sea juzgado por este hecho, para ello es necesario que se le retire la inmunidad ganada ahora como diputado ante el Parlamento Centroamericano. La Corte Suprema de Justicia, conociendo los hechos ha evitado, de nuevo y por enésima vez, que Jimmy Morales demuestre, ante los tribunales competentes, su inocencia.
Publicamos abajo la entrevista al licenciado Mejía sobre las razones de su pedido y su opinión sobre lo resuelto por la CSJ.
¿Qué te motivó a presentar la denuncia contra el entonces presidente Morales?
Una razón personal. Además, la indignación y el sentido del deber.
Mi hija María Alejandra fue asesinada y vejada, cuando tenía 14 años. En los rostros de las 56 niñas del 8 de marzo encontré a María Alejandra, pues fueron martirizadas. La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción -HSVA- es la mayor catástrofe que ha sufrido Guatemala en «tiempos de paz», durante los siglos desde que es una entidad política «independiente». Las víctimas eran niñas sin conflicto con la ley penal, que fueron vilipendiadas por el expresidente al calificarlas y tratarlas como delincuentes.
Jimmy Morales es un ser nefasto. Dirigió la alianza criminal que puso en pausa la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues detrás suyo se encuentra amancebado el narcotráfico con políticos sinvergüenzas, oligarcas que se han enriquecido a la sombra del Estado, mercaderes disfrazados de cristianos evangélicos y la cúpula militar que continúa recibiendo el «bono de riesgo» de Q 50 000 mensuales.
Los Acuerdos de Paz dejaron de tener vigencia debido a esta alianza criminal. Es evidente en la militarización de la sociedad en todos sus ámbitos. El enfoque de seguridad es de defensa, o sea, la Seguridad Nacional proveniente de la Guerra Fría. Retrocedimos a los tiempos de la guerra, pues la seguridad ciudadana se perdió. Los cuadros de mando de la Policía Nacional Civil fueron desmantelados por órdenes de Jimmy Morales, quien actuó por medio de Enrique Degenhart, al extremo que se destruyó el esfuerzo de profesionalización de la fuerza pública y la meritocracia en una institución que debió reformarse en consonancia con los Acuerdos de Paz.
Otro motivo para actuar es el sentido del deber. Durante más de 13 años he sido profesor de abogados y abogadas, y de profesionales de distintas disciplinas en doctorados y maestrías. He pregonado que la Justicia es el valor supremo del Derecho, como una cultura y no como legislación. El sentido de lo correcto, de lo justo, condujo a que iniciara la persecución penal de Jimmy Morales, pues es un hecho notorio conocido por la población, que como mando supremo de la Policía Nacional Civil dio la orden de acordonar el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, desde el 7 de marzo de 2017 hasta la tragedia del 8 de marzo, en que se produjo el incendio. También, admitió en una entrevista con Fernando del Rincón de CNN que dispuso que echaran llave en el pequeño recinto donde detuvieron ilegalmente a menores, las cuales, según la Constitución Política, no deben ser tratadas como criminales y son inimputables.
Es primordial conocer lo sucedido, ya que no hay indicios sobre las causas del incendio. Circuló la especie de que una de las niñas quiso llamar la atención sobre los maltratos que sufrían y prendió fuego a una colchoneta, versión que no es congruente con la voracidad que tuvo el siniestro. Al observar las pocas fotografías que hay del desastre, hay una duda razonable de cual pudo ser el acelerador para que las llamas se propagaran hasta el techo del pequeño recinto en que estuvieron hacinadas.
Mi principal motivo es que el anterior líder del Pacto de Corruptos sea investigado, procesado, enjuiciado y enfrente debate oral y público por delitos que no solo agravian a la sociedad guatemalteca sino a la Humanidad.
¿En qué delitos crees que incurrió y por qué lo consideras así?
Jimmy Morales Cabrera cometió femicidio debido a su misoginia. Demostró «desprecio o subestimación hacia las mujeres por el solo hecho de serlo», como la define el Decreto Número 22-2008, ya que admitió ante la cadena de televisión CNN en Español que: «muchas de estas menores tenían conflicto con la ley, algún tipo de carácter violento». Esta afirmación es falsa y demuestra el desprecio y la subestimación del querellado Jimmy Morales Cabrera con respecto a las 56 niñas víctimas del incendio. Según la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar Social, solo una niña había estado un tiempo en un centro de adolescentes en conflicto con la ley penal, siendo enviada posteriormente al HSVA porque no tenía opciones familiares adecuadas una vez que finalizó el cumplimiento de su pena. Las otras 55 niñas estaban en el HSVA por las siguientes razones (sin más información sobre el significado específico de cada categoría): 16 por «huir de casa»; 12 por «rebelión»; cinco por «abandono»; cinco por necesidad de «refugio y protección»; cuatro por «consumo de drogas»; tres por «violencia sexual»; tres por «riesgo social»; tres por «razones desconocidas»; dos por «problemas familiares»; una por «abuso» y una porque «era huérfana».
Los daños ocasionados a las 15 niñas sobrevivientes provocaron sufrimiento físico y psicológico de extrema gravedad. Cuatro niñas sufrieron amputaciones de diferentes partes de sus cuerpos (pies, manos, dedos); una niña perdió la nariz, los párpados y las orejas. Otras continúan con dolores y cicatrices graves. El tiempo que permanecieron en los hospitales en Estados Unidos varió de acuerdo con la gravedad de sus quemaduras. La mayoría se mantuvo entre uno y tres meses, una permaneció nueve meses, otra permaneció hospitalizada por tiempo no determinado, y una falleció en uno de los hospitales.
En relación con el delito de maltrato contra personas menores de edad, el sindicado Jimmy Morales Cabrera admitió que: «La tenencia de los menores en un lugar específico estuvo bajo las medidas de seguridad necesarias, incluida la llave». El 7 de marzo de 2017, como «mando supremo» dio la orden a la Policía Nacional Civil de provocar daño físico, psicológico, enfermedad a personas menores de edad, y colocó a los niños y adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en grave riesgo de padecerlos.
Respecto al delito contra los deberes de Humanidad, el imputado Jimmy Morales Cabrera admitió públicamente que ordenó tratar como delincuentes a las 56 niñas que sufrieron detención ilegal, en contravención del artículo 37 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual preceptúa lo siguiente: «Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». «Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente». «Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad». «Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción».
¿Cuál fue el procedimiento seguido?
Me apegué a las disposiciones de la Ley en Materia de Antejuicio, Decreto Número 85-2002. Desde el principio hubo varias irregularidades. Una de ellas es que al presentar la querella en Gestión Penal, esta fue enviada al Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en el cual se encuentra el nefasto juez Víctor Cruz, quien inventó el caso contra Thelma Aldana y contra quien interpuse ocurso de queja en la Corte de Constitucionalidad, pues mantiene en reserva el caso y aún no contamos con la respuesta de la CC para declarar con lugar nuestra queja y tengamos acceso al expediente inventado por el Ministerio Público y respaldado por este juez, quien dictó orden de aprehensión contra la exfiscal general. Víctor Cruz no respetó lo dispuesto en la ley, pues el artículo de la Ley en Materia de Antejuicio preceptúa que, cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, debe inhibirse de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevar el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que esta, dentro de los tres días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito. Víctor Cruz dispuso que la querella fuera notificada a Jimmy Morales. Pedí que esta se realizara en la sede del Parlamento Centroamericano, en donde no quisieron recibirla. Excediéndose en sus funciones, el juez Cruz ordenó que yo estableciera el lugar en donde podía ser notificado Jimmy Morales, situación no contemplada en la ley.
Realicé una jugada de ajedrez, pues pedí la exhibición personal de Jimmy Morales. El Juez Undécimo de Primera Instancia Penal dio con él y así pude establecer dónde se encuentra. Desistí de la querella en el Juzgado Décimo y, simultáneamente, lo presenté de nuevo en Gestión Penal. La segunda querella fue enviada al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal. Otra vez, me pidieron dar la dirección de Jimmy Morales, por lo que aporté la ubicación que realizó el Juez Undécimo de Primera Instancia Penal.
Finalmente, la querella llegó a la Corte Suprema de Justicia.
¿Cuáles fueron las justificaciones legales que la Corte Suprema de Justicia dio para no retirar la inmunidad legal al ahora diputado ante el Parlamento Centroamericano?
El jueves 5 de marzo de 2020, fui notificado a las 11:11 horas de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Se rechazó in limine mi querella al argumentar que «existen motivaciones de carácter ilegítimo en mi planteamiento de las diligencias de antejuicio» ya que «no proporcioné elementos de razonabilidad suficientes que permitan a esta Corte ordenar una oportuna investigación de los extremos denunciados», porque «no se puede establecer la existencia de las acciones u omisiones por parte del funcionario público antejuiciado en relación con lo manifestado en la querella; por lo que en ese sentido, esta Corte no cuenta con elementos suficientes para considerar oportuno admitir para su trámite el antejuicio de que se trata, en virtud que al existir deficiencias en las denuncias o querellas, a esta corte no le corresponde suplir las mismas, por no constituir parte de sus atribuciones».
Hubo tres votos disidentes y razonados en contra de esta resolución. La magistrada vocal XII, María Eugenia Morales Aceña, quien argumentó que «la Corte Suprema de Justicia sí tiene competencia para conocer de los antejuicios instados en contra de diputados del Parlamento Centroamericano». La magistrada Morales Aceña añadió en su voto razonado: «no comparto las consideraciones realizadas de la resolución controvertida, ya que se ignoraron indicios importantes sustentados en documentos acompañado, por lo cual se arribó a la errónea conclusión que el mismo fue instado por motivos ilegítimos».
La magistrada vocal VIII, Silvia Verónica García Morales, disintió de las consideraciones emitidas en su mayoría en la resolución de mérito, «toda vez que el señor Jimmy Morales Cabrera no goza del derecho de antejuicio de conformidad con el artículo 22 del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias Políticas».
También, la magistrada vocal IV, Delia Marina Dávila Salazar, emitió voto razonado disidente y expuso: «Del análisis del expediente, considero que la denuncia presentada no puede calificarse como ilegítima bajo las circunstancias expuestas, en virtud que contiene motivaciones reales que tienen fundamento en un hecho de conocimiento público, conocidos por el denunciante y por la población guatemalteca en general, a través de los medios de comunicación, habiendo aportado como elementos de razonabilidad las publicaciones de prensa». La magistrada Dávila Salazar también razonó que mi querella debió ser admitida y nombrar juez pesquisidor.
¿Qué acciones consideras posibles para finalmente conseguir que Jimmy Morales sea presentado ante la justicia y juzgado por esos hechos?
En el momento de responder, inicié la elaboración de una petición de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, al existir agravios en mi contra. Si bien es personalísima esta acción, la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción también agravia a la toda la sociedad guatemalteca y la Humanidad. Por ello, también espero la resolución de la denuncia que presenté ante la Corte Penal Internacional contra quien era jefe de Estado, jefe de Gobierno y poder supremo de la Policía Nacional Civil.
Por Virgilio Álvarez Aragón
Marco Vinicio Mejía Dávila: profesor universitario en doctorados y maestrías; amante de la filosofía, aspirante a jurista; sobreviviente del grupo literario La rial academia; lo mejor, padre de familia.
Fotografía principal tomada de La Hora.
Que buen artículo, muestra con elementos claros y concisos el porque del accionar del abogado y lo nefasto que son los magistrados que solapan la impunidad, corrupción y sobretodo lo mal guatemaltecos que son juntamente con un juez sinvergüenza…. Ojalá la desencia y honorabilidad de los que deben de ejercer y dar la esperanza de la justicia aparezcan….
DEBE SER ENJUICIADO!!