Comisiones de prostitución
Pamela Hentze | gAZeta joven / REALPOLITIK
En los últimos días, Sandra Torres y Gustavo Alejos han vuelto a ser los protagonistas de la política nacional en Guatemala. Una vez más, somos el hazmerreír a nivel internacional, y otra vez, la política ha logrado arrastrar sus tentáculos sobre el sistema judicial, retorciendo la toga hacia el camino de la corrupción moral y la irresponsabilidad política.
La separación de los poderes del Estado, propuesta por Montesquieu en el siglo XVIII, supone un sistema de pesos y contrapesosque se define en los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La reunión de Sandra Torres con los 20 diputados de su bancada (los últimos aliados que ahora tiene, luego de ser la candidata presidencial con mayor presencia partidaria en todo el país), a tan solo una semana de la elección de magistrados de las más altas cortes de Guatemala, deja mucho qué especular y deja entrever el fracaso del proceso de elección de los jueces y magistrados en la legislación guatemalteca. El legado de Montesquieu parece correr serio peligro y sufrir un inevitable entierro si no se toman cartas en el asunto, pues en Guatemala reina, no la independencia, sino la politización de la justicia y la judicialización de la política.
¿Por qué está Sandra Torres reuniéndose con su pequeño séquito de Sandrita-lovers y Gustavo Alejos conversando con jueces, magistrados y postuladores involucrados en la elección de magistrados y jueces? No hace falta ser un genio en el análisis político para llegar a la respuesta correcta: influir en las negociaciones para la elección de magistrados, pues la sentencia absolutoria de ambos personajes depende directamente de la elección de estos mismos jueces y magistrados. Hagamos, por favor, un minuto de silencio por la independencia judicial, que en paz descanse.
Mi cabeza está a punto de estallar de tantas interrogantes, pero hay una que me perturba más: ¿cómo es posible que la jueza Claudette Domínguez, quien está a cargo del proceso penal de la excandidata, le haya otorgado un permiso para asistir a una reunión con los diputados de su bancada con fines eminentemente políticos?
Me puse a la tarea de investigar los distintos sistemas de elección de jueces y magistrados a nivel internacional, y llegué a la conclusión de que existen cuatro vías: ser electo por voto popular, ser nombrado por un poder del Estado, participar en un concurso o participar en una elección política. La mayoría de los países contempla esta última variante, siendo los jueces y magistrados electos en última instancia por el sistema legislativo. Pero dejar la elección de los jueces de las más altas magistraturas de un país en manos de los diputados solo tiene un único final: politizar la justicia hasta sus raíces. Hay un incentivo extremadamente perverso si funcionarios públicos tienen en sus manos la designación de aquellas personas que formarán la cúpula judicial y que estarán a cargo de las decisiones judiciales futuras, de las cuales los legisladores actuales tendrán un interés directo por influir. La corrupción política termina contaminando al sector justicia. Pasa lo mismo con cualquier poder del Estado que los nombre, por ejemplo, el presidente de la República, como es el caso de Chile. La politización de la justicia no puede escapar si la decisión es hecha por órganos políticos. El sistema de concursos públicos se efectúa mediante exámenes, entrevistas y otros requisitos formales efectuados por consejos de la judicatura o comisiones específicas, que sirven como un primer filtro, pero que desembocan en una elección política, pues la decisión final, en la mayoría de los casos, la toma el Senado o el Congreso. Queda por último el sistema de voto popular, que es utilizado en algunos estados de Estados Unidos en la elección de jueces de los distritos y de los condados. Para que este sistema sea efectivo, los ciudadanos deben tener un alto grado de cultura política y judicial, estar involucrados en la toma de decisiones y tener conocimiento de aquellos profesionales del Derecho, de su experiencia, carrera judicial, capacitación y méritos; es decir, se requiere de una democracia arraigada en todas las instituciones y que confíe en la libertad de elección de sus ciudadanos.
Llegué a la conclusión que elegir una receta política viable y funcional para el proceso de elección de jueces y magistrados, que garantice plenamente la independencia judicial, la democracia liberal y el Estado de derecho, no es una tarea fácil. Pero es un camino que los guatemaltecos debemos comenzar a transitar si queremos que el legado de Montesquieu no desaparezca. Lo que sí estoy segura, es que las comisiones de postulación no han demostrado los resultados esperados y que es necesaria su reforma, pues tienden a una inevitable prostitución política.
Pamela Hentze
Guatemalteca apasionada por la literatura clásica; fiel luchadora de la justicia, la libertad y los principios éticos.
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