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Por qué destruir la organización social

Editorial Hoy en gAZeta

Por qué destruir la organización social

La solidaridad es la ternura de los pueblos.

El Estado se ha organizado para proteger al ciudadano y asegurar que tenga adecuadas y equitativas condiciones de vida, garantizando, además, el acceso a salud, educación y trabajo para todos. El Estado es el árbitro que resuelve las diferencias, orientado al beneficio de todos y no de unos pocos. Es solo recorrer los enunciados de las distintas constituciones para descubrir que, al menos en el papel, esa es la intención de las instituciones republicanas. Lamentablemente, en Guatemala se han desvirtuado esas funciones, poniendo a las instituciones del Estado al servicio de unos pocos, incumpliéndose claros preceptos constitucionales.

Desde inicios del siglo XX, a nivel mundial se han desarrollado formas creativas que han establecido condiciones para que los derechos de los ciudadanos sean respetados y cumplidos. Además, se han promovido políticas para resolver los desajustes que la voracidad irresponsable del capitalismo ha producido al medio ambiente, impidiendo no solo la conservación de las distintas especies animales y vegetales, sino también poniendo en riesgo la supervivencia de la especie humana y del planeta mismo.

El Estado guatemalteco, a consecuencia de un pacto social en el que no han sido tomados en cuenta los intereses y necesidades de las mayorías en su diversidad más amplia, ha permitido que gobernantes de la más baja calaña utilicen las estructuras e instituciones del Estado en beneficio personal y de las élites que los sostienen y manipulan.

A partir del inexorable proceso de globalización, el principio de la solidaridad entre las personas y los distintos pueblos se ha constituido en un valor universal, dejando de lado la caridad, actitud que es producto de la lástima y la superioridad, en la que se da lo que sobra, buscando compensaciones sobrenaturales. La aceptación de la mutua interdependencia entre individuos y colectivos ha dado lugar a formas de apoyo, cooperación y ayuda mutua entre grupos y sociedades, sin importar las diferencias en sus niveles de desarrollo, con el objetivo de avanzar en la construcción de un mundo más justo.

Es en ese contexto en el que surgen las organizaciones no gubernamentales, orientadas a promover la solución de carencias en distintos grupos sociales, producto de diversas causas históricas y económicas. Por ello, se han creado organizaciones que procuran la defensa de los derechos humanos para los grupos más vulnerables, combaten la violencia de género o la desnutrición, o promueven la satisfacción de necesidades básicas como vivienda, salud o educación.

Reducidas las distancias y difundidas globalmente las informaciones, en los países desarrollados se han creado organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de derechos a nivel global y, en particular, en aquellas sociedades donde las desigualdades son mucho más abismales y evidentes. Han conseguido que sus gobiernos lleguen a destinar, por ley, un porcentaje de su producto interno bruto para la solidaridad internacional, impulsándola a través de sus propias agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales. Pero, también, algunos magnates han decidido dedicar parte de sus riquezas para impulsar acciones y procesos que tiendan a la reducción de las desigualdades.

La semana que recién pasó, el Congreso de la República de Guatemala aprobó, de manera sorpresiva e irregular, el decreto 04-2020, con el que se pretende amordazar y perseguir a todas aquellas organizaciones no gubernamentales, locales e internacionales, que se dediquen a promover y estimular la organización social para hacer cumplir derechos e impedir abusos de particulares poderosos o del propio Estado.

Presentada en la anterior Legislatura, como parte del paquete antiderechos que el Pacto de Corrupción conformó para asegurarse impunidad, el cuestionamiento a varias de sus propuestas se hizo público. Puesta en discusión en esta IX Legislatura, no solo no se permitió su amplio debate, sino, mañosamente, se le incluyó como parte de una agenda para tratar asuntos urgentes como la prevención del coronavirus.

Notorio es que la nueva alianza en el poder persiste en el interés por perseguir y silenciar a la sociedad civil, pues son estos los objetivos que las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo pretenden. Los promotores de esta ley tratan de tener el camino expedito para irrespetar derechos, imponer políticas y doctrinas contrarias a los derechos universales, a la diversidad de creencias y prácticas sociales, la discrepancia, la libre opinión y movilización.

Es preocupante que en varios de los artículos aprobados[1] se otorgan a los órganos de gobierno poderes discrecionales, solo practicados y permitidos en las dictaduras más represivas y autoritarias, convirtiendo en crimen lo que es simplemente práctica de derechos universales.

El presidente de la República tiene ante sí la disyuntiva que, muy posiblemente, marque de manera clara e indeleble su período. Vetar esta ley, que es lo que la lógica política aconseja, le indispondrá con quienes quieren usar el poder para sus particulares beneficios, o aprobarla y declararse abiertamente antidemocrático, promotor del más burdo y atrasado autoritarismo, lo cual le asegurará aliados, pero estos serán los más oportunistas y corruptos, que de inmediato lo convertirán en su rehén, sin mayor posibilidad de aportar a la solución de los reales e ingentes problemas del país, aislándose tanto local como internacionalmente.

Con estas prisas de los corruptos y autoritarios, bien puede ser que el período de gobierno, real y efectivo, de Alejandro Giammattei sea el más breve de la historia, pues, de avalar lo aprobado, serán ellos quienes le dicten el camino de aquí en adelante.


[1] Pueden consultar, en este enlace, el cuadro comparativo de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, elaborado por el Icefi.

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1 comentario

  1. arturo ponce 17/02/2020

    No es totalmente la verdad, Hay muchas ONG´s que se han prestado a la corrupción, incluso gubernamental y eso ha provocado un río revuelto porque si hay otras que actúan como lo han establecido sus fundamentos y creo que eso si hay que ordenarlo sin ninguna preocupación porque si atenta en contra de los derechos constitucionales hay medios para impedirlos por el Órgano correspondiente. habrá que esperar la decisión del Presidente y no anticipar criterios que solo coadyuvan a desinformar y confundir mas a la población.

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